Enric Llopis. Rebelión, 30/4/2014.- Un parque público, zona deportiva, rodeado de arcos y con unas pequeñas gradas. A un lado, un centro de enseñanza secundaria. Casi enfrente, el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Mislata, municipio del área metropolitana de Valencia donde se emplaza uno de los cuatro CAR que existen en el estado español (además de Alcobendas, Sevilla y Vallecas). Un periodista se acerca para preguntar por la huelga de hambre. Es como un misterio. Sólo unos pocos medios “alternativos” han informado del asunto (“Tercera Información”, “Diagonal”, “ContraInfos-Mislata” y un blog que informa de la iniciativa y agrega un comunicado). Los inmigrantes acceden a hablar y uno de ellos se erige en improvisado traductor y portavoz. Poco a poco van aproximándose, mientras el guardia de seguridad del centro y el funcionario de recepción observan lo que ocurre.Lo que sucede se advierte nada más entrar, a mano izquierda: un círculo de sillas que rodean una colchoneta y unas mantas, con folios reivindicativos pegados en las columnas. Una veintena de personas del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata, con el apoyo de sus familias, inició el 24 de abril una huelga de hambre, precedida por una “sentada” de protesta el día anterior. En muchos casos proceden de países en guerra. De Siria y Palestina, sobre todo, pero también de Irán, Pakistán, Afganistán o el África Subsahariana. Salen a la calle, junto a la puerta del centro, y de inmediato confían en el periodista. Quieren ser muy claros y exponer de modo muy simple sus reivindicaciones. Dejan a un lado las querellas que ahora no constituyen el motivo principal, como el trato recibido en los centros o la calidad de la comida. Poco a poco van acercándose e intervienen de manera ordenada. ¿Qué reclaman?
En primer lugar, protestan por la tardanza en tramitar la solicitud de asilo y, cuando preguntan a los abogados, no les saben dar una respuesta. Un año, a veces dos años de espera… Dicen que compañeros en Suiza, Noruega y otros países europeos lo reciben en tres meses. “Sin este permiso no podemos trabajar ni alquilar una vivienda”. Dos de ellos enseñan la documentación con la que actualmente circulan: una tarjeta roja “Documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional”, que expide el Ministerio del Interior. Pero lo más importante, coinciden la mayoría de ellos: el director del centro les ha comunicado que la estancia máxima permitida es de 6 meses para las personas solteras y un año para las que cuentan con familia a cargo.
“¿Qué haremos después? Sin dinero, residencia, trabajo y con dificultades de idioma”. Alrededor de la mitad de los refugiados del centro, aseguran, tendrán que dormir en la calle a partir del mes de mayo. Y sin que se hayan resuelto sus expedientes. A ello se agregan las dificultades de la “ayuda humanitaria” en plena crisis. Dicen que Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ACCEM les han informado de la escasez de medios para apoyarles. También sus familias disponen de menos posibilidades. “Queremos encontrar un trabajo pero no es posible”, afirma uno de ellos. “España tiene muy pocos refugiados en comparación con Líbano o Turquía, por ejemplo, pero los recursos son escasísimos”, complementa otro. No quieren facilitar ningún nombre. Prefieren aparecer como colectivo y que se recojan nítidamente sus demandas.
Los refugiados del centro de Mislata remitieron el 22 de abril una carta al subdirector general de Integración de los Inmigrantes, Francisco García Villar (responsable de estos centros), titulada “no hemos huido de la matanza para pasar hambre y no tener techo”, en la que se anunciaba una “sentada” indefinida y se le trasladaban las peticiones del colectivo: Que el gobierno agilice la tramitación (ya sea positiva o negativa) de las solicitudes de asilo, para que puedan iniciar una nueva vida en el estado español (en caso afirmativo), o solicitar asilo en otros países (si el permiso se deniega); además, que el ejecutivo proporcione ayuda y atención a los refugiados y, “si es incapaz de hacerlo, que solicite ayuda a otros países de la UE en mejores condiciones económicas”. “Las Naciones Unidas prestan más servicios a la población refugiada en países pobres fuera de la Unión Europea, de los que nos son ofrecidos en España”, afirman.
El colectivo de refugiados del centro de Mislata subraya que muchos de ellos se hallan en el estado español en contra de su voluntad, debido a la aplicación del Convenio de Dublín, que obliga a tramitar la solicitud de asilo en el país de ingreso en la Unión Europea. Por ejemplo, personas que han iniciado las solicitudes de asilo en países como Suecia o Bélgica (que proporcionan mejor asistencia a las personas refugiadas), han sido expulsadas de estos países para continuar el proceso en España. En un comunicado, los refugiados ponen el ejemplo de M. y H., quienes huyeron de su país y viajaron a Holanda para iniciar la solicitud de asilo en octubre de 2012. “Tras comprobar las autoridades holandesas que su entrada a la Unión Europea se hizo a través del estado español, fueron deportados a Madrid”.
Los Centros de Acogida a Refugiados dependen del Ministerio del Interior. Para la estancia en los mismos se exige haber solicitado asilo en el estado español (y que la solicitud se haya admitido a trámite); estar en posesión de documento de identidad –expedido por el Ministerio del Interior- que reconozca la condición de refugiado; haber solicitado asilo y no ser admitida a trámite la solicitud por entender que corresponde a otro estado el examen de la solicitud, y hasta la obtención de respuesta del estado en cuestión; o estar en situación de extranjero con protección temporal o subsidiaria. En estos centros se debe proporcionar alojamiento y manutención temporal, orientación laboral, atención psicológica, cursos de aprendizaje del idioma y actividades de ocio y tiempo libre.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184073
