JERUSALÉN, 3 Abr. (EUROPA PRESS).- El primer ministro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, ha afirmado que llevará el caso de la deportación de la presa palestina Hana Shalabi a los tribunales internacionales y árabes y ha tildado la decisión de "crimen de guerra" y de "violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional".
En esta línea se pronunció el jueves el ministro de Asuntos Penitenciarios de la Autoridad Palestina, Issa Qaraqe, quien dijo que la política israelí de deportar a detenidos a lugares alejados de sus viviendas tras su liberación es un "crimen de guerra". La Autoridad Palestina defendió que fuese liberada sin condiciones, al no haberse presentado cargos contra ella. La medida también ha sido criticada por grupos de Derechos Humanos y por la Unión Europea.
Shalabi, que permaneció 44 días en huelga de hambre para protestar por su detención administrativa por parte de las autoridades israelíes llegó este domingo a la Franja de Gaza, donde deberá estar exiliada por un período de tres años.
El traslado a la Franja de Gaza se realizó en ambulancia después de que Shalabi se despidiera de sus familiares en el paso fronterizo de Erez, según explicaron los médicos que la acompañaban. El líder de Yihad Islámica, Jader Habib, movimiento al que Shalabi pertenece, también acudió para saludarla.
Haniyeh ha visitado este lunes a Shalabi en el hospital de Shifa, donde está hospitalizada. Desde el centro sanitario ha asegurado que Shalabi "ha roto la voluntad de su guardián", según ha informado la agencia de noticias palestina Maan.
Asimismo, ha pedido a Egipto que presione a Israel para que deje de detener a prisioneros liberados en el marco del acuerdo para la puesta en libertad del soldado israelí Gilad Shalit --capturado en 2005--, en el que El Cairo medió.
Shalabi, natural de la localidad cisjordana de Burqin, fue detenida sin cargos el 16 de febrero por soldados israelíes y ese mismo día inició su huelga de hambre.
La detenida había sido liberada el pasado mes de octubre en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado por Hamás con Israel por Shalit. Shalabi había pasado 25 meses bajo detención administrativa, procedimiento que permite a Israel mantener recluidos a palestinos sin presentar cargos durante periodos de seis meses prorrogables indefinidamente.
Israel argumenta que la detención administrativa indefinida sin necesidad de presentar cargos sirve para proteger a las fuentes de Inteligencia en cualquier procedimiento legal en contra de un sospechoso palestino. Al menos otros 24 presos palestinos permanecen en huelga de hambre en las cárceles israelíes.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha criticado el traslado forzoso de Shalabi a la Franja y ha solicitado a Israel "que cumpla con el Derecho Humanitario, que prohíbe a Israel, sean cuales sean sus motivos, transferir forzosamente a palestinos a otro territorio".
Esta no es la primera vez que Israel toma este tipo de decisión. El acuerdo de liberación de 1.027 prisioneros palestinos a cambio de la puesta en libertad de Shalit, contempló que 204 de los mismos serían deportados, incluyendo 40 al extranjero. De ellos, 164 fueron llevados a Gaza, 18 de los cuales podrán regresar a sus casas en Cisjordania en el plazo de tres años.
Por último, la organización de defensa de los derechos de los prisioneros Addameer y Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHR-Israel) han manifestado que temen que la restricción impuesta a Shalabi al acceso médico y judicial, así como la prohibición de las visitas familiares, fueran usadas como medidas de coerción para que aceptara el acuerdo.
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