Ramallah, 29/1/2013.- 14 organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas han advertido hoy de las graves consecuencias que tiene la negativa de Israel de cooperar plenamente con las Naciones Unidas (ONU). La misma mañana del segundo Examen Periódico Universal (EPU), programado para el martes 29 de enero, aún no está claro si Israel se va a presentar.Esta falta de transparencia no sólo significa que Israel evita la crítica rigurosa de sus violaciónes del derecho internacional, sino que todo el sistema del examen periódico universal se verá afectado por la pérdida de sus dos principios fundamentales: la igualdad y la universalidad.
En mayo de 2012, Israel anunció formalmente su decisión de "suspender el contacto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) y sus mecanismos posteriores".
Según se informa Israel se reunió con el Presidente del Consejo, Excmo. Remigiusz A. Henczel, en enero de 2013 y debatieron el aplazamiento de su examen periódico universal. Sin embargo, como aún no se ha hecho la petición formal, el Consejo acordó proceder según lo previsto y considerar los pasos a seguir si la delegación israelí no se presenta.
Estas circunstancias excepcionales han creado incertidumbre y obligado a algunas organizaciones de la sociedad civil a revisar o limitar su compromiso con el proceso de revisión por el riesgo de invertir recursos necesariamente significativos en un proceso que puede no tener lugar. Por lo tanto, un componente clave del proceso del EPU - la implicación de la sociedad civil - se ha visto gravemente obstaculizada.
A causa de esta incertidumbre, Israel y el Consejo están sentando un precedente peligroso en la escena internacional, que podría ser seguido por otros Estados que rechacen colaborar con la ONU a fin de evitar evaluaciones críticas. La decisión de Israel de retirarse de los mecanismos básicos de Naciones Unidas sobre derechos humanos ha dado lugar, en efecto, a un trato preferencial. Todos excepto uno de los 193 Estados miembros de la ONU han asistido a su examen periódico universal (EPU) como estaba previsto; el único caso del Estado de Haití que no pudo asistir debido a la crisis humanitaria causada por el terremoto de 2010. Israel no debería recibir beneficios o concesiones por sus intentos de socavar el sistema de la ONU y, en particular, su sistema de derechos humanos.
Por el contrario, el Consejo debería garantizar que el examen (EPU)de Israel se desarrolle sin obstáculos de acuerdo con los principios y normas establecidos por el mecanismo de examen periódico universal, reafirmando así la condición de que los derechos humanos son más importante que las consideraciones políticas o diplomáticas.
Por otra parte, el paso de Israel para suspender la cooperación con el Consejo y la Oficina del Alto Comisionado debe verse en el contexto de su persistente negativa para respetar las decisiones, resoluciones y mecanismos de la ONU. Sucesivos gobiernos israelíes han rechazado reconocer las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional y los derechos humanos con respecto a la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), las obligaciones repetidamente reafirmadas en las declaraciones y tratados de los organismos de la ONU.
Israel también rechaza la aplicabilidad de jure de la IV Convención de Ginebra, que le incumbe como potencia ocupante, desafiando numerosas resoluciones de la ONU, la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2004 sobre las consecuencias legales de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, e innumerables declaraciones emitidas por los gobiernos de todo el mundo.
En 2009, Israel se negó a cooperar con la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, encabezada por el juez Richard Goldstone. El juez Goldstone pidió reiteradamente a Israel su colaboración, sin ningún resultado. Más recientemente, en 2012, a la misión de investigación de la ONU sobre los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado se le prohibió entrar al territorio para recabar testimonios. La Misión se suma a una larga lista de Relatores Especiales de Naciones Unidas y el Alto Comisionado Adjunto de Derechos Humanos, a los que Israel ha negado la entrada. Por otra parte, desde su nombramiento como Relator Especial de la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, al Sr. Richard Falk no se le ha permitido entrar en el territorio palestino ocupado para realizar su trabajo.
En este contexto, 14 organizaciones de derechos humanos piden al Consejo que adopte una posición firme en consonancia con la gravedad de las acciones obstructivas de Israel hasta la fecha.
