El 6 de mayo se cumplen dos años de la detención del líder palestino Ameer Makhoul. Su encarcelamiento pone de relieve la situación de Apartheid, discriminación e indefensión que viven los palestinos con ciudadanía israelí.
Alejandro Fierro, Rebelión.- En la madrugada del 6 de mayo de 2010, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a Ameer Makhoul en su domicilio de Haifa, en Israel. Efectivos fuertemente armados irrumpieron en la vivienda y se llevaron a Makhoul en presencia de su esposa y también activista palestina, Janan Abdu, y de sus dos hijas, una niña y una adolescente. En ningún momento los policías se identificaron, a pesar de los requerimientos de Janan, según me relató en una entrevista mantenida en esa misma casa ahora presidida por un gran cartel en el que se pide la liberación de su marido y del resto de los 7.000 presos políticos palestinos, de los cuales más de 2.000 se encuentran estos días en huelga de hambre.
Ameer Makhoul era el director de Ittijah, plataforma que aglutina a 85 organizaciones de palestinos y palestinas que viven dentro del Estado de Israel, también llamados Palestinos del 48. Aunque ya era uno de los líderes más destacados de la resistencia no violenta del pueblo palestino a la ocupación, su detención y posterior juicio y condena lo han convertido en un referente a escala internacional. La figura de Makhoul pone de relieve dos aspectos poco conocidos de la realidad palestina: la población palestina con ciudadanía israelí y los presos políticos.
“Israel no puede alardear de democracia. Es un producto netamente colonial. Todos sus gobiernos han sido culpables de las guerras, de las leyes racistas que han aprobado. Si Simón Peres [actual presidente de Israel, primer ministro en varias ocasiones] tiene el Nobel de la Paz, entonces también habría que dárselo a Le Pen. Es un tipo de colonialismo muy centroeuropeo. Israel se fundó como un estado racista y colonial y su sistema, racista y discriminatorio, es más fuerte que Netanyahu o Lieberman [Benjamín Netanyahu y Avigdor Lieberman, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores actuales, respectivamente]”.
Declaraciones como ésta, efectuada por Ameer Makhoul en una entrevista que me concedió en Madrid en noviembre de 2009, irritaban cada vez más a Israel. Makhoul se había convertido en un participante habitual en conferencias y foros internacionales. En sus intervenciones denunciaba la lógica racista de la idea de fundar un Estado específicamente para una etnia y la incompatibilidad de este concepto con la democracia.
Según Janan Abdu, la participación de su marido en la Conferencia de Durban contra el Racismo, organizada por Naciones Unidas, fue el detonante de su detención. El Gobierno israelí no podía tolerar que en el mismo foro en el que sus representantes hablaban sobre antisemitismo, un palestino denunciara el Apartheid que practica Israel. “Nos habían avisado de que su presencia en Durban le podía acarrear problemas. Incluso alguien del Gobierno dijo que había que detenerle nada más acabar la conferencia”, señala Janan.
La farsa judicial
La detención, juicio y condena de Ameer Makhoul es un ejemplo perfecto de cómo funciona el sistema judicial israelí cuando la persona encausada es palestina. Las garantías procesales y los derechos más elementales desaparecen en nombre de la seguridad. Ameer estuvo incomunicado durante dos semanas y en manos de los servicios de seguridad israelíes (el tan temido por los palestinos Shin Bet). En ese periodo de tiempo no pudo ver a un abogado ni a su familia ni fue puesto a disposición judicial. Además, se emitió una orden de bloqueo informativo, lo que equivale en Israel a la prohibición para cualquier medio de comunicación de publicar nada relacionado con el caso, incluida la detención de la persona.
Makhoul dejaba de existir para el mundo exterior y el Estado era libre para actuar con total impunidad. Cuando por fin le permitieron contactar con su abogado, denunció que había sido torturado (golpes, privación de sueño durante 72 horas, posturas antinaturales como permanecer atado a una silla de reducidas dimensiones durante periodos de tiempo prolongados, etc.).
Ameer Makhoul fue acusado de los delitos de espionaje, asistencia al enemigo en tiempo de guerra, contactos con agentes extranjeros y otros cargos relacionados con la seguridad del Estado. Durante el proceso, el fiscal señaló que tenía “pruebas secretas” contra Makhoul pero que no podían ser facilitadas a la defensa so pena de poner en peligro al país. Las pruebas, a pesar de la evidente indefensión de Makhoul, fueron admitidas.
“El abogado nos aconsejó que llegáramos a un acuerdo”, explica Janan Abdu, “el 90% de las personas palestinas acusadas de poner en peligro la seguridad del Estado son condenadas. Los cargos contra Ameer podían suponer cadena perpetua. No hace falta más que mencionar la palabra ‘seguridad’ para que todo se paralice. El sistema israelí en su conjunto, incluidos jueces y medios de comunicación, participa en esto”.
Ameer Makhoul fue condenado a nueve años de prisión más otros dos de libertad vigilada. “No pudieron demostrar absolutamente nada contra Ameer”, continúa su esposa, “la supuesta información que le pasó a Hizbulá sobre instalaciones militares se puede encontrar en Google Earth. Incluso algunos sitios están señalizados en las carreteras. Fue todo una locura”.
La detención tenía un doble objetivo. Por una parte, se silenciaba una voz cualificada de denuncia de las políticas discriminatorias de un estado racista. A la vez, se enviaba un mensaje al resto de la resistencia palestina, especialmente a aquella que vive y lucha dentro del Estado de Israel. “El aviso era claro: si podemos coger a Ameer, que es la cabeza dirigente, también podemos ir a por vosotros”, reflexiona su esposa. Sin embargo, Israel no ha logrado ninguno de esos dos objetivos. Todo lo contrario. La figura de Ameer Makhoul se ha agigantado entre el pueblo palestino. Si antes simbolizaba la resistencia de los ciudadanos árabes que viven dentro del Estado de Israel, ahora, además, encarna el drama de los presos políticos palestinos.
Palestinos del 48
Los propios Palestinos del 48 rechazan esta denominación. “Suena como si antes de 1948 no hubiera palestinos en estas tierras”, me argumentó uno de ellos. En cualquier caso, así es como se los conoce en las organizaciones internacionales de apoyo a la lucha del pueblo palestino.
Este millón y medio de personas ha quedado eclipsada por los Territorios Ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este –de hecho, la mayoría de la opinión pública cree que el conflicto palestino se limita a estas zonas- y, en menor medida, por la situación de las más de seis millones de personas refugiadas que malviven hacinadas desde hace más de 60 años en campamentos en Líbano, Siria, Jordania e Irak y también dentro de la Palestina histórica.
Pero los Palestinos del 48 sufren la ocupación igual que el resto pero con el obstáculo añadido de que la comunidad internacional no los reconoce como sujetos de una ocupación. “Somos un solo pueblo, una sola nación. A pesar de la separación impuesta por Israel y de las diferentes agendas de cada comunidad, hay un sentimiento muy fuerte de unidad y pertenencia. Un sentimiento que las autoridades israelíes tratan de romper. Hay que combatir la narrativa histórica hegemónica en Israel que considera que la causa palestina se limita a Gaza y a Cisjordania y que es una consecuencia de la guerra de 1967 [Guerra de los Seis Días, en la que Israel ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán].
“La realidad es que el conflicto comienza en 1948, con la partición decretada por las Naciones Unidas y la guerra posterior”, señaló Ameer Makhoul en la entrevista mantenida en Madrid. Makhoul fundó en 1995 Ittijah (la ‘dirección’, en árabe), con el objetivo de aunar a las organizaciones palestinas de Israel para luchar contra la discriminación y la ocupación. Existen al menos 40 leyes de alto rango que o bien discriminan a la población palestina con ciudadanía israelí o privilegian a la población judía por encima del resto. Entre estas leyes cabe destacar la prohibición a la población palestina de comprar tierras públicas –el Estado israelí es el propietario de casi el 90% de la tierra-; el veto a los palestinos para desempeñar trabajos en sectores considerados estratégicos como el transporte aéreo o la energía; la exclusión de los palestinos del servicio militar, algo muy importante en Israel, ya que la mayoría de las subvenciones y ayudas públicas se conceden tan sólo si se ha estado en el ejército, o la no existencia de la reunificación familiar para la población palestina si se casan con alguna persona de los Territorios Ocupados de Gaza y Cisjordania o de los campamentos de refugiados. Esta última ley contrasta de forma rotunda con el derecho de cualquier persona judía del mundo de obtener la plena ciudadanía israelí.
Hay otras leyes o proyectos que atacan directamente lo simbólico, como la prohibición, bajo penas de cárcel, de conmemorar la Nakba o ‘catástrofe’ –efemérides en la que el pueblo palestino recuerda la pérdida de su tierra- o el intento de imponer a la población árabe un juramento de lealtad a Israel. “Es un intento de Israel de deslegitimar nuestro papel como parte esencial de la causa palestina”, argumenta Ameer.
La sola existencia de estas leyes invalida cualquier pretensión del Estado de Israel de autotitularse como una democracia y encaja con la definición que hace Naciones Unidas de Apartheid.
Desde sus comienzos, Ittijah se destacó en la lucha de los Palestinos del 48 por la consecución de sus derechos. Una lucha que, como repetía Ameer Makhoul una y otra vez, estaba integrada en la lucha global del pueblo palestino por sus derechos.
La creciente popularidad de la organización llevó al Estado de Israel a tratar de acallar la voz de Makhoul sin reparar en que estaba amplificándola aún más y convirtiéndola en portavoz de otra realidad palestina, la de los presos políticos.
Tras los otros muros
El encarcelamiento de Ameer Makhoul en la prisión de Gilboa puso el foco sobre los presos políticos palestinos. Desde 1967, más de 700.000 personas palestinas han sido detenidas, lo que representa el 20% de la población. La gran mayoría de las familias ha sufrido la detención de uno o más de sus miembros.
En la actualidad, hay cerca de 7.000 presos políticos palestinos en cárceles israelíes. De ellos, más de 200 son niños y niñas, lo que contraviene la legislación internacional y la Declaración de los Derechos del Niño. Además, el Estado de Israel aplica de forma generalizada la detención administrativa, que permite mantener en prisión a una persona sin presentar cargos contra ella.
Por otra parte, las torturas y las violaciones de los más elementales derechos de los prisioneros y de sus familiares son habituales, tal y como han denunciado de forma reiterada las principales organizaciones humanitarias.
Esta realidad ha llevado al colectivo de presos a emprender diversas campañas de huelga de hambre en octubre de 2011 y ahora, otra iniciada a finales de abril de 2012 en la que participan más de 2.000 personas reclusas. Piden desde el fin de las detenciones administrativas hasta una mejora en sus condiciones de reclusión, el cese de la tortura y los castigos, el cumplimiento de los regímenes de visita, el derecho a la formación y estudios…
La situación de los presos palestinos del 48 es peculiar. El Estado de Israel los considera un asunto interno. De hecho, los separa de los presos procedentes de Gaza o Cisjordania. “Israel también construye el Muro de separación dentro de las prisiones”, reflexiona Janan Abdu, “quiere separarnos y hacer ver que somos un problema interno. Es la continuación de la política de separación y división de Palestina, como si dijeran: ‘no sois una nación’. Por eso es tan importante internacionalizar su situación y dar a conocer al mundo lo que ocurre con los presos palestinos”.
A esa lucha se ha entregado Janan Abdu tras la detención de su marido, a pesar de que tiene que ejercer como madre de dos hijas y como trabajadora. También Ameer Makhoul se ha consagrado a ese empeño, en la medida en la que las condiciones extremas de su reclusión se lo permiten.
Ambos saben que la solución pasa por una decidida acción de la sociedad civil internacional que evidencie la vulneración constante de los Derechos Humanos por parte de Israel y presione a los gobiernos democráticos para que actúen con coherencia en sus relaciones con el Estado israelí.
