La paradoja de este informe anual, que señala el empeoramiento de la situación de los palestinos en Jerusalén en 2011, es que eso beneficia el acuerdo unánime de los jefes de misión europeos con sede en Jerusalén. Sin embargo, una vez que el informe llega a Bruselas, provoca inevitablemente disensiones entre los representantes de los países europeos, lo que explica que jamás sea publicado oficialmente.
Este ejercicio comunitario no genera el optimismo: un acuerdo de paz es tanto más improbable en cuanto el gobierno de Benyamin Netanyahu no cesa de repetir que Jerusalén "es y será la capital eterna e indivisible" de Israel.
La constatación de los Europeos es inapelable: "Israel perpetúa de facto la anexión (de Jerusalén Este) imposibilitando de manera sistemática la presencia palestina en la ciudad a causa de la expansión de las colonias, el urbanismo restrictivo, la continuidad de los deshaucios y demoliciones, la desigualdad de la política educativa, el dificil acceso a los servicios médicos, las prestaciones e inversiones insuficientes y la precariedad del estatuto de residencia de la población palestina (de Jerusalén Este)".
El otro aspecto de esta política, según los enviados europeos, son los esfuerzos para "remarcar la identidad judía de la ciudad en detrimento de sus habitantes de religión cristiana y musulmana, que amenaza la diversidad religiosa y proporciona argumentos a aquellos sectores que querrían radicalizar más el conflicto, con las repercusiones potenciales que esto conlleva, tanto regionales como globales".
El eje primordial de esta estrategia es la colonización: el objetivo constante de las autoridades israelíes es actuar de manera que los Palestinos no sobrepasen el 30% de la población de Jerusalén.
Expulsiones y demoliciones
Como los palestinos representan actualmente el 37% de los 790.000 habitantes de Jerusalén, los sucesivos gobiernos de Israel han hecho lo posible por promover la colonización israelí. Así, en Jerusalén Este, el 35% de los terrenos que pertenecen a los palestinos han sido expropiados. El informe constata de manera pormenorizada el avance de los colonos, tanto dentro de la ciudad vieja de Jerusalén (donde ya viven 3.500 colonos), como sobre el Monte de los Olivos, en los barrios palestinos intramuros y los accesos a Jerusalén, con el fin de aislar la ciudad santa del resto de Cisjordania.
Esta política gubernamental cuenta con el auxilio logístico de dos entidades financieras. Ateret Conahim y Elad, que expropian las propiedades palestinas y favorecen la expulsión de sus dueños.
El informe insiste sobre la utilización de la arqueología como útil político e ideológico (los registros permiten una justificación histórica de las expulsiones), llama la atención sobre la falta de un número suficiente de permisos de construcción, y que la población palestina es expulsada de manera ilegal. Resultado: 1500 casas palestinas están hoy amenazadas por órdenes de demolición.
