En total, 1419 palestinos fueron asesinados durante la Operación Plomo Fundido, 1167 (82,2%) de ellos eran civiles. Otros 5300 fueron heridos. Las fuerzas israelíes atacaron directamente a casas privadas e instituciones civiles, incluyendo hospitales y escuelas. Agravando los efectos del cierre continuado e ilegal, la ofensiva tuvo un impacto devastador en la economía global de la Franja de Gaza. Talleres y fábricas civiles fueron atacados directamente y las tierras agrícolas fueron arrasadas, destruyendo granjas, campos y sistemas de riego que son la base de los agricultores. Como la reconstrucción es prácticamente imposible debido al cierre ilegal, las penurias provocadas por esta destrucción solamente han aumentado en los últimos tres años.
Para conmemorar el aniversario de los ataques, y para mostrar el continuo vacío de justicia, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) publicará una colección de relatos, documentando las experiencias de las víctimas durante los tres años desde la ofensiva. Hoy se publica la historia de la familia Al Ashi. Esta colección también va acompañada de una ficha técnica que aporta una visión general de los defectos inherentes del sistema de justicia israelí y de las denuncias penales presentadas a las autoridades israelíes en nombre de las víctimas de la Operación Plomo Fundido. Hay más información disponible en Genuinely Unwilling: An Update.
El CPDH cree que las fuerzas israelíes cometieron serias violaciones del DIH y del DIDH en el transcurso de la ofensiva. Violaciones que implican la responsabilidad penal individual – pero no se limitan a esto – incluyendo a delitos de homicidio intencional, la destrucción generalizada de los bienes civiles, los ataques directos contra civiles y a objetos civiles, el uso de escudos humanos y el lanzamiento de ataques indiscriminados.
El CPDH ha presentado 490 denuncias penales ante las autoridades israelíes, en nombre de 1046 victimas de la Operación Plomo Fundido. Hasta la fecha, solamente se han recibido dos respuestas sustanciales. La inmensa mayoría de denuncias han sido simplemente ignoradas.
Es evidente que estos delitos requieren una reparación judicial. Si la ley se debe respetar – si se trata de demostrar que es capaz de proteger a la población civil – debe de hacerse cumplir; los derechos de las víctimas para la igual protección de la ley y a la tutela judicial efectiva debe hacerse cumplir.
Si algo nos ha enseñado la ocupación es que mientras se conceda a Israel la impunidad, seguirá violando la ley internacional, y los civiles palestinos continuaran sufriendo las horribles consecuencias.
En vista del fracaso claro e inequívoco de los sistemas de justicia nacionales, está claro que se debe recurrir a los mecanismos de la justicia penal internacional. El CPDH hace un llamamiento al Consejo de Seguridad, actuando bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para referirse a la situación en Israel y Palestina a la Corte Penal Internacional. El CPDH también recuerda a los estados, como a Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra, de su obligación legal de hacer presión, para buscar y enjuiciar todos los sospechosos de cometer crímenes de guerra, independientemente de su nacionalidad.
Fuente: PCHR Palestinian Centre for Human Rights
Traducido por: Rumbo a Gaza
Enlace: http://www.rumboagaza.org/3-anos-despues-de-la-operacion-plomo-fundido/
