Índice: MDE 15/3824/2016 12 de abril de 2016
Las autoridades israelíes deben poner fin a sus persistentes ataques contra los defensores palestinos de los derechos humanos y acabar con el clima de intimidación a que están sometidos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades israelíes deben tomar de inmediato medidas para prestar a los defensores de los derechos humanos en Israel y los TPO la protección necesaria para que realicen su trabajo libremente y sin temor a sufrir ataques u hostigamiento. Es preciso investigar los ataques a defensores de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables.
La escalada de actos de intimidación del gobierno y ataques y amenazas de colonos y otros agentes no estatales ha creado un entorno cada vez más peligroso para los defensores de los derechos humanos en Israel y los TPO. Viene siendo habitual que Israel viole el derecho de los palestinos a la libertad de expresión y asociación en los TPO y someta a los defensores de los derechos humanos a hostigamiento, con medidas dirigidas específicamente contra ellos, como detención arbitraria, encarcelamiento, lesiones y tortura. Las autoridades no protegen tampoco a los defensores de los derechos humanos de los ataques de los colonos israelíes y otros activistas de extrema derecha, y en algunos casos han sido cómplices en ellos. Las autoridades han tomado también medidas para restringir la libertad de expresión dentro de Israel, y se valen de la intimidación para acallar a los defensores de los derechos humanos. Junto con recientes iniciativas legislativas, que parecen tener por objeto limitar la libertad de expresión, se está propagando en la sociedad una actitud cada vez más hostil hacia quienes critican al gobierno israelí, que afecta de manera creciente a los judíos israelíes que se muestran críticos con el gobierno y sus prácticas.
Intimidación del gobierno israelí a Omar Barghouti
Amnistía Internacional teme por la seguridad y la libertad del defensor palestino de los derechos humanos Omar Barghouti y de otros activistas del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), tras llamamientos en los que se aludía a amenazas —incluso de daño físico y privación de derechos básicos— realizados por ministros israelíes en una conferencia contra BDS que se celebró en Jerusalén el 28 de marzo de 2015.
Omar Barghouti es miembro fundador y destacado portavoz del movimiento BDS. Hace campaña para que Israel rinda cuentas de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional y propugna el uso de medios no violentos para conseguirlo. Se lo atacó personalmente en comentarios y declaraciones de participantes en la conferencia, incluidos ministros, que lo tacharon de amenaza que hay que parar.
Especialmente alarmante fue una declaración del ministro israelí de Transporte, Inteligencia y Energía Atómica, Yisrael Katz , en la que se pedía a Israel llevar a cabo “eliminaciones civiles selectivas” de líderes de BDS con la ayuda de los servicios israelíes de inteligencia. Esta expresión alude a los “asesinatos selectivos”, como se describe la política israelí de ataques específicos contra miembros de grupos armados palestinos. Al igual que otros miembros del gabinete, Gilad Erdan, ministro de Asuntos Estratégicos y de Seguridad Pública y ministro de Información, calificó a los activistas y líderes de BDS de amenazas y los instó a “pagar el precio” por su trabajo, tras lo que aclaró que no aludía con ello a “daño físico”. Omar Barghouti fue atacado por Ariah Deri, ministro del Interior, quien dijo que está considerando la posibilidad de retirarle la residencia permanente y
privarlo de su derecho a viajar libremente. Omar Barghouti ha dicho a Amnistía Internacional que está muy preocupado por su seguridad y la de su familia.
En particular los ministros del gobierno y otras autoridades del Estado tienen la responsabilidad de considerar detenidamente las consecuencias negativas que pueden derivarse de describir a los defensores de los derechos humanos como amenazas para la seguridad por llevar a cabo su trabajo pacífico y legítimo. Tales declaraciones públicas tendrán una gran y peligrosa resonancia en Israel y los TPO, en particular dado el entorno de riesgo creciente en el que los defensores de los derechos humanos están trabajando, con amenazas y ataques constantes del Estado y de colonos y otros activistas de extrema derecha.
No es la primera vez que Omar Barghouti es objeto de amenazas e intimidación, pero estas declaraciones son las más graves realizadas por autoridades del gobierno. Los ministros tienen la responsabilidad de hacer valer los derechos humanos y no deben hacer observaciones incendiarias contra Omar Barghouti y otros defensores de los derechos humanos. Además, deben retirar la amenaza de restringirle la libertad de circulación y anular su residencia permanente en Israel.
Amenazas de muerte contra Imad Abu Shamsiyeh
El 24 de febrero de 2016, Imad Abu Shamsiyeh, habitante palestino de Tel Rumeida, Hebrón, filmó la aparente ejecución extrajudicial de Abed al Fatah al Sharif por un soldado israelí. La organización israelí de derechos humanos B’tselem publicó las imágenes, lo que condujo a la detención del soldado, que está siendo investigado.
B’tselem ha comunicado que, desde la publicación de las imágenes, Imad Abu Shamsiyeh viene recibiendo amenazas de muerte de israelíes residentes en los asentamientos ilegales cercanos, que le hacen llamadas telefónicas y le envían mensajes. Los colonos israelíes han arrojado también piedras contra su casa. Anteriormente ya había sido atacado en numerosas ocasiones por colonos israelíes residentes en las proximidades como represalia por documentar abusos. Asimismo, La Red de Noticias Palestina (PNN) ha informado de que el 29 de marzo por la noche unos soldados israelíes irrumpieron en la casa de Imad Abu Shamsiyeh con objeto, aparentemente, de comprobar la identidad de defensores locales e internacionales de los derechos humanos que se habían quedado a hacerle compañía tras las amenazas. Las autoridades israelíes deben poner de inmediato a disposición judicial a quienes han amenazado y atacado a Nidal Abu Shamsiyeh y protegerlo de nuevos ataques.
Amenazas de muerte contra personal de Al Haq
Al Haq es unas de las ONG palestinas de derechos humanos más notables y respetadas. En los últimos meses ha sido objeto, junto con otras ONG palestinas, de una campaña constante de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico anónimos con los que se intenta menoscabar su labor. En febrero y marzo de 2016, un miembro de su personal y su director recibieron varias amenazas de muerte. Estos actos están relacionados directamente con el trabajo de Al Haq con la Corte Penal Internacional de La Haya. Debe respetarse el derecho de las organizaciones a trabajar con la Corte Penal Internacional y promover la rendición de cuentas, y las autoridades competentes deben investigar y poner a disposición judicial a los autores de estas execrables amenazas.
Detención y encarcelamiento de Issa Amro y Farid al Atrash
Las autoridades israelíes detuvieron arbitrariamente a los defensores palestinos de los derechos humanos Issa Amro y Farid al Atrash tras una manifestación pacífica celebrada el 26 de febrero de 2016 en su ciudad, Hebrón, para pedir el levantamiento de las restricciones discriminatorias impuestas allí. Un tribunal militar dictó acta de acusación contra ambos, que quedaron luego en libertad. Amnistía Internacional cree que fueron detenidos e imputados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión y de expresión.
El 26 de febrero de 2016, activistas y habitantes palestinos de la ciudad de Hebrón, en el territorio ocupado de Cisjordania, organizaron una manifestación pacífica para protestar por los 22 años transcurridos desde que las autoridades israelíes cerraron por primera vez la calle Al Shuhada de la ciudad vieja y pedir la eliminación de la restricciones discriminatorias. Las fuerzas israelíes respondieron haciendo uso excesivo de la fuerza y arrojando granadas sonoras y gas lacrimógeno contra la multitud. El abogado Farid al Atrash y un reportero gráfico fueron detenidos. Aunque el reportero quedó en libertad al cabo de unas horas, Farid al Atrash fue llevado ante un tribunal militar de la base militar de Ofer, próxima a Ramala, y acusado de participar en una manifestación ilegal y atacar a agentes. En un vídeo de la detención se ve a Farid al Atrash en actitud pacífica delante de los soldados israelíes, cuando varios de ellos lo empujan, lo arrastran y lo detienen con violencia. Quedó en libertad con fianza el martes 1 de marzo de 2016 y está a la espera de que se confirme la fecha de su primera vista judicial.
El ejército Israelí detuvo al activista Issa Amro, cuyo grupo, Juventud contra los Asentamientos, había organizado la manifestación, el 29 de febrero de 2016 por la tarde, cuando estaba delante de su casa, en el barrio de Tel Rumeida de la ciudad, y lo acusó ante un tribunal militar de organizar una manifestación ilegal y de incitación. Lo dejaron en libertad el 1 de marzo de 2016, y está a la espera de que se confirme la fecha de su juicio. Amnistía Internacional cree que Issa Amro y Farid al Atrash fueron detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Detención y encarcelamiento de Khalida Jarrar
La parlamentaria y defensora de los derechos humanos palestina Khalida Jarrar fue condenada a 15 de meses de prisión el 6 de diciembre de 2015 tras un juicio injusto ante un tribunal militar, durante el cual parece que se hizo uso de la prisión preventiva, incluida la detención administrativa, como medida punitiva contra ella y para presionarla a fin de que accediera a declararse culpable. Al final, convencida de que jamás sería sometida a un juicio justo, se declaró culpable de dos cargos, pero sus abogados afirman que las autoridades jamás presentaron pruebas de sus acusaciones. Amnistía Internacional cree que la detención de Khalida Jarrar, el procedimiento contra ella y su condena parecen ser medidas punitivas, adoptadas para impedirle el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Intimidaciones del gobierno israelí a Romper el Silencio
Romper el Silencio es una organización de soldados israelíes que pretende informar a la sociedad de Israel de las prácticas militares israelíes en los TPO, especialmente de las que constituyen abusos o delitos. Desde diciembre de 2015 sufre una campaña concertada del gobierno, dirigida a menoscabar su labor. El 14 de diciembre, el ministro de Defensa, Moshe Ya’alon, prohibió a la organización hablar con soldados israelíes. A continuación, el 15 de diciembre, comenzó a aplicarse contra ella, por orden del ministro de Educación, Naftali Bennett, la prohibición de hablar con estudiantes de enseñanza. Ambos ministros alegaron que Romper el Silencio difundía “mentiras” contra el ejército, a pesar de que jamás se ha encontrado indicio alguno de falseamiento de información en los testimonios que la organización ha publicado.
El 16 de diciembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en la Knésset que la organización “empaña la imagen de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el mundo, intentando atar las manos a Israel en sus intentos de defenderse”. Estas declaraciones se hicieron a la vez que una ONG favorable al gobierno publicaba un vídeo en el que se calificaba a Yuli Novak, el director de la organización, de agente extranjero que trabajaba para ayudar a “terroristas”. También aparecían en el vídeo los directores de otras destacadas ONG israelíes.
El 17 de marzo de 2016, un programa de la televisión israelí emitió unas imágenes de investigadores de Romper el Silencio haciendo preguntas sobre despliegues y materiales militares israelíes en el contexto de un proceso de entrevistas. Las imágenes habían sido tomadas por un grupo favorable al gobierno y relacionado con los colonos. Suscitaron fuertes condenas del primer ministro y otras autoridades del gobierno. El 21 de marzo, el ministro de Defensa acusó a la organización de “traidora”, aunque más tarde matizó su declaración.
En una investigación preliminar del ejército israelí se determinó que la organización no había recopilado ninguna información de categoría reservada que superara el nivel de “confidencial”, que es una clasificación muy baja. Romper el Silencio señaló que toda la información que publica pasa antes por la censura militar. La búsqueda de información complementaria sobre material militar, prácticas operativas y despliegues es parte esencial del análisis de la realización de las operaciones militares con miras a determinar si cumplen el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El tono hostil y las frecuentes invectivas de altos cargos del gobierno contra Romper el Silencio son totalmente incompatibles con sus responsabilidades y parecen tener por objeto intimidar a la organización y disuadir a los militares dispuestos a hablar con su personal. El gobierno israelí no debe describir a los defensores de los derechos humanos como amenazas para la seguridad por el trabajo que realizan. El clima que las declaraciones del gobierno han creado parece tener bastante que ver con las amenazas y el hostigamiento de particulares israelíes contra el personal de Romper el Silencio y sus familiares. Las autoridades del gobierno israelí deben poner fin de inmediato a sus intimidaciones contra Romper el Silencio. Tienen también que reconocer el derecho de las personas y las organizaciones a investigar las presuntas violaciones de derechos humanos e intentar sacarlas a la luz dentro y fuera de Israel. Deben investigar las amenazas y el hostigamiento contra el personal de Romper el Silencio y sus familiares y poner a los responsables a disposición de la justicia.
Legislación israelí dirigida a restringir la libertad de expresión
En los últimos años, las autoridades israelíes han aprobado varias leyes que restringen las posibilidades de hacer oposición a las políticas y prácticas del gobierno. Entre ellas figuran leyes que niegan la financiación gubernamental a las organizaciones que celebren la Nakba (catástrofe), el desplazamiento masivo y forzado de palestinos que tuvo lugar durante la fundación de Israel en 1948, y que tipifican como “acto ilícito” que un ciudadano o una institución israelíes pidan el boicot a instituciones o empresas israelíes por la ocupación o los asentamientos ilegales israelíes.
Hay también pendientes varias iniciativas legislativas que parecen tener por objeto restringir la libertad de expresión y de asociación. El Ministerio de Justicia de Israel dio el 24 de febrero la aprobación preliminar al proyecto de “Ley de Lealtad en la Cultura”, que conferirá al gobierno atribuciones para retirar con carácter retroactivo la financiación a actividades culturales “contrarias a los principios del Estado”. El proyecto de ley está ya listo para su primera lectura en la Knésset. El 10 de febrero de 2016, la Knésset aprobó la primera lectura del denominado proyecto de “Ley de Transparencia de las ONG”, que impone nuevas obligaciones de presentación de informes de financiación a las organizaciones que reciban más del 50% de sus fondos de gobiernos extranjeros. Esta ley afectará negativamente a la mayoría de las organizaciones israelíes que analizan las violaciones de derechos humanos cometidas en Israel y los TPO o se oponen a la ocupación.
Los grupos israelíes de derechos humanos sostienen que es una ley injusta y discriminatoria, pues ya se les exige desvelar sus fuentes de financiación, y que no afecta a la gran mayoría de las ONG favorables al gobierno, cuyos fondos son principalmente de origen privado (y a las que se imponen ya menos obligaciones de presentación de informes). Amnistía Internacional ve con preocupación que el proyecto de ley parece tener menos que ver con la transparencia que con la estigmatización por motivos políticos de las organizaciones que se oponen a las políticas y prácticas del gobierno israelí. Es un proyecto de ley que parece tener por objeto restringir la libertad de expresión y de asociación dentro de Israel. El gobierno israelí debe dejar de apoyar estos proyectos de ley y explicar claramente que las críticas a él y a sus políticas son parte inalienable del derecho a la libertad de expresión y que es legítimo que las organizaciones de derechos humanos pidan fondos fuera del país para su trabajo.
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