Santiago González Vallejo, Rebelión.- La votación en las Naciones Unidas ha establecido un cambio de estatus nominal, mejorando la situación tenida hasta ahora por los palestinos al acceder a la categoría de Estado observador con unas fronteras anteriores al alto el fuego de 1967. En todo caso inferiores al Plan de Partición de las propias Naciones Unidas de la Palestina histórica, en ese momento colonia británica.
Pero este elemento es un punto de partida. No el final. Sigue la ocupación israelí. Y sigue el problema de los refugiados palestinos que tienen el derecho al retorno como cualquier otra población desplazada por la guerra y los conquistadores. Ese derecho que las potencias occidentales han hecho cumplimentar a amplias poblaciones castigadas por el conflicto de los Balcanes y en otros lugares.
Pero, además, la causa palestina incluye la situación de la minoría árabe israelí. Ésta está sufriendo junto con el resto de la población palestina un régimen de apartheid, con leyes racistas y discriminatorias. Desde el Fondo Nacional Judío a las leyes sobre ciudadanía; desde la distribución presupuestaria a los lugares de residencia y política urbanística; la calidad de la enseñanza y la formación profesional y las prácticas de contratación laboral que determinan unos itinerarios profesionales de descualificación y escasa promoción, repitiéndose círculos de pobreza y marginación.
En los Territorios Ocupados de Cisjordania, que incluye Jerusalén, y Gaza la economía palestina está colonizada, sin posibilidad de intercambio comercial y encima subsidia a la economía colonizadora pagando precios del agua (dejando la cuestión de la cantidad) más cara. Las tiendas palestinas están llenas de productos israelíes, incluso de las colonias, porque si no estarían desabastecidas. La población palestina que obtiene recursos en muchos casos provenientes de la ayuda internacional y la propia ayuda en infraestructuras está obligada a comprar a la colonizadora Israel que se encuentra en la práctica sin obligaciones como potencia ocupante, según la Convención de Ginebra y, encima, con la posibilidad de hacer negocios sufragados por el conjunto de la comunidad internacional.
Todos conocemos como el Muro hiere y penetra en Cisjordania, y que a pesar del Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los valedores de la puesta en marcha de las consecuencias del mismo no las han puesto en vigor.
Es decir, que ahora que ya hay un ‘Estado observador’ puede ocurrir que la comunidad internacional se quiera olvidar de que todos los problemas subsisten y que se mantienen sus responsabilidades, y que si no son proactivos en la resolución del problema de la ocupación israelí sobre los palestinos ésta puede agravarse.
Si Israel hace una política racista y mantiene la ocupación, lo que se ha reconocido por parte de la comunidad internacional, ¿es que el Estado observador de Palestina lo forman los bantustanes segregados que pululan en el archipiélago de Samaria, al igual que el intento de la racista Sudáfrica con la creación de ‘miniestados’ étnicos no blancos? ¿Se acepta la limpieza étnica desarrollada por la ideología sionista?
Si los productos de las colonias israelíes tienen libre circulación comercial en el mundo, si no se revisan los acuerdos de libre comercio con la potencia ocupante, se mantienen los intercambios militares con la misma y los palestinos son alimentados hasta la línea de la hambruna o lo que den de sí los presupuestos de la UNRWA, ¿daremos pasos en la dirección de una mejora de la situación o reforzamos la política de colonización y exclusión israelí?
Si los ciudadanos palestinos no tienen las mismas oportunidades de prosperar y realizarse como personas normales y vivir en sus hogares como cualesquiera otros, ¿no estamos disfrazando nuestra complicidad con el ocupante israelí sobre la racionalidad y la justicia, dando pábulos a que la conquista militar hace el derecho frente a los principios de convivencia y respeto a los derechos humanos?
Ese es el reto. Y tanto palestinos como israelíes tienen que resolverlo. También la comunidad internacional.
Santiago González Vallejo es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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