Alberto Pradilla, periodista. Jerusalén, www.diagonalperiodico.net, Número 140, miércoles 29 de diciembre de 2010.- En su intento de criminalizar la labor de las ONG que trabajan con Palestina, Israel ha creado varias leyes que dificultan, entre otras cosas, la financiación pública. El Gobierno israelí pretende reducir estas organizaciones a entidades caritativas.
Nueva Legislación. El hostigamiento contra las ONG, tanto locales como internacionales, está abierto en varios frentes.
El acoso contra las ONG que trabajan en la Palestina histórica se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos por el Gobierno israelí desde febrero de 2009, cuando accedió al poder Benjamin Netanyahu (Likud). Su objetivo: despolitizar la solidaridad internacional con los palestinos y, en el mejor de los casos, limitarla a una mera labor asistencial, reduciéndola a una práctica de normalización de la ocupación.
El hostigamiento contra las ONG, tanto locales como internacionales, está abierto en varios frentes. Por una parte, a través de la represión directa, con la detención de activistas tanto en los territorios ocupados como en el interior de Israel. Uno de los casos con mayor atención mediática fue el arresto, en abril de 2010, de Ameer Makhoul, director de Ittijah, la coordinadora de ONG palestinas en el Estado hebreo. Makhoul fue acusado de espiar para el grupo libanés Hizbullah. Unos cargos que, tras seis meses bajo arresto y después de denunciar torturas, finalmente ha asumido. Aunque a nadie se le escapa que la confesión ha sido producto de los malos tratos. A esta dinámica de represión se le suman agresiones militares como la ocurrida el 31 de mayo pasado contra la Flotilla de la Libertad, que trataba de romper el bloqueo a Gaza y en la que nueve personas fueron asesinadas por los disparos de las fuerzas de élite del ejército israelí.
“Más control” a las ONG
El ataque directo no es el único frente abierto por Israel, que ha desarrollado una batería de reformas legales para ahogar a las ONG, especialmente después de la aprobación del Informe Goldstone. El artífice de esta iniciativa es NGO Monitor, una organización sionista dirigida por Gerarld Steinberg, profesor universitario y ex asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores hebreo, que advierte, en declaraciones a DIAGONAL, que habrá “más control” sobre las ONG. “Ofrecemos ayuda al Gobierno para vigilar a las ONG. La gente cree que sirven para proveer bienes, pero están siendo utilizadas para promover ideologías radicales”, asegura el profesor Gerald Steinberg. Según denuncia Mossawa, asociación de defensa de la minoría palestina en el interior de Israel, actualmente hay al menos tres iniciativas legislativas que tratan de frenar la labor de las ONG.
La primera, presentada en febrero de 2010 y que ya ha pasado su primera lectura en el Parlamento, se centra en las ayudas económicas. La norma cambia el estatus de las entidades que reciben fondos de otros Estados y las convierte en organizaciones políticas, lo que dificulta su acceso a la financiación. Gerarld Steinberg se escuda en que su iniciativa sólo busca garantizar la “transparencia” pero, según Mossawa, lo que el Gobierno de Tel Aviv persigue es “deslegitimar e intimidar” a las ONG. Hay que tomar en cuenta, tal y como denuncian desde Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, que las organizaciones de derechos humanos “apenas reciben fondos del Estado” hebreo y dependen de la ayuda estatal extranjera para subsistir.
Por el contrario, las organizaciones de colonos (o la propia NGO Monitor) perciben sus apoyos financieros de instituciones privadas, lo que les excluye de esta norma. La caza económica contra las organizaciones palestinas en el interior de Israel no se limita a esta norma. Otra ley, aprobada en primera lectura en marzo, impone multas a cualquier ente que reciba ayudas públicas y que conmemore la Nakba (en árabe, la catástrofe, fecha en la que los palestinos recuerdan la creación del Estado de Israel, la destrucción de más de 530 aldeas y la expulsión de sus hogares de 600.000 personas). Esto afectaría a todo tipo de entidades, desde escuelas hasta ONG, que deberían de pagar una cuantía de hasta diez veces superior al presupuesto destinado al acto de recuerdo de la Nakba.
Asociaciones ‘vigiladas’
La segunda normativa plantea la prohibición de todas aquellas organizaciones que hayan colaborado para “proporcionar información a las entidades extranjeras con respecto a procedimientos judiciales en el extranjero contra altos funcionarios del Gobierno o militares por crímenes de guerra”. En este caso, los legisladores ya han puesto a varias asociaciones en el punto de mira, entre las que se encuentran la Coalición de Mujeres por la Paz, Físicos por los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, Breaking the Silence (agrupación de ex soldados) o la propia Adalah. La campaña internacional por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS) contra Israel es el tercer objetivo.
Una propuesta legislativa, introducida el 9 de junio por 25 parlamentarios, castiga a cualquier individuo con pasaporte israelí a multas de hasta 30.000 shekels (unos 6.000 euros) por los daños provocados por el boicot en cualquier empresa hebrea que lo solicite. La persecución contra las ONG tiene aún más ramificaciones. A comienzos de este año, el Gobierno israelí revocó los permisos de trabajo de decenas de expatriados de las organizaciones internacionales destacadas sobre el terreno.
Finalmente, Tel Aviv dio marcha atrás, pero no ha ofrecido garantías de que esta situación no pueda repetirse. NGO Monitor es la organización que se encuentra detrás de esta campaña de acoso. Paradójicamente, su director reconoce que forman parte del mundo de las ONG. Se presenta como una organización independiente, pero no puede ocultar sus fuertes vínculos con el Estado sionista. Su director, Gerald Steinberg, es profesor de la Universidad Bar Ilan, sita a escasos kilómetros de Tel Aviv y vinculada al sector ultraortodoxo Al margen de su labor docente, el currículum de Steinberg lo sitúa como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí hasta, por lo menos, el año 2004, cuando el gabinete hebreo estaba liderado por Ariel Sharon. Ésta no es la única conexión con el ex primer ministro israelí, ya que NGO Monitor fue creado por iniciativa del Jerusalén Center for Public Affairs, una institución sionista presidida por Dore Gold, embajador israelí en la ONU y antiguo consejero del propio Sharon.
NGO Monitor, una organización financiada por sionistas y la CIA
Al margen de vínculos personales, NGO Monitor se inscribe dentro de la amalgama de organizaciones sionistas que se confunden con el potente aparato estatal. Por ejemplo, ha editado informes conjuntamente con organizaciones como el Instituto de Estrategias Sionistas, una asociación liderada por Israel Harel, un ultra creador del Gush Emunim, el movimiento de los colonos judíos en los territorios ocupados en Palestina.
Sus principales donantes son organizaciones privadas basadas en Estados Unidos y vinculadas, de una u otra manera, al lobby sionista estadounidense. El principal es la Wechsler Family Foundation, una asociación caritativa norteamericana, aunque recibe ayudas de otras cuatro: Ben & Esther Rosenbloom Foundation (Baltimore), MZ Foundation, (Oakland), Klarman Family Foundation (Boston) y Middle East Forum Education Project (Philadelphia). Además, entre sus asesores internacionales figuran nombres como James Woolsey, antiguo director de la CIA y consejero de John McKein durante la campaña electoral que enfrentó al candidato del partido republicano con el actual presidente norteamericano, Barack Obama.
